La semana pasada el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC) realizó una consulta pública para modificar el Comité Directivo de Internet.
Según el Gobierno, el organismo encargado de regular el funcionamiento de la red en España necesita ser reformulado, especialmente en cuanto a su composición. Actualmente, el CGI está integrado en su mayoría por representantes de los sectores gubernamentales, la sociedad civil, la comunidad científica y el mercado empresarial.
A través de la consulta pública, el gobierno pretende despejar sus dudas sobre esta división, en cuanto a la base formada fuera de la base pública, es decir, el gobierno quiere saber si la gestión del organismo realmente presenta transparencia y si cuenta con la participación Social.
Una de las propuestas antes mencionadas que debe traer cambios al organismo es en cuanto al formato de las elecciones, en las que los elegidos pueden participar por tres años y pueden ser reelegidos tantas veces como quieran. Además, también deben modificarse algunos cambios en cuanto a las actualizaciones en el modus operandi del CGI, la adopción de medidas que amplíen la participación popular y la transparencia en la difusión de información a la población.
Manifestaciones contra el gobierno
Las ONG criticaron la metodología utilizada por el gobierno para llevar a cabo los respectivos cambios, especialmente cuando luchan por la libertad en internet. La Coalição Direitos na Rede afirmó que realizar una consulta pública va más allá de las atribuciones de los miembros del CGI que no tienen vínculos directos con el gobierno. También señalan que si fueran consultados, probablemente estarían en contra de las medidas adoptadas por el gobierno.
En manifestación de la actitud del gobierno, la Coalición señala que las medidas no fueron presentadas en la última reunión del CGI que se realizó en mayo. La próxima reunión está prevista para el 18 de agosto, cuando el gobierno debió esperar para discutir las medidas a tomar para iniciar la consulta pública.
Al principio, los miembros del comité ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de una propuesta de modificación, fueron informados el día antes de la publicación de la consulta a través de un correo electrónico enviado por Maximiliano Martinhão, coordinador del organismo.
El nombramiento de Martinhão para la agencia CGI está siendo cuestionado, ya que, según las ONG, sería una forma de aumentar el poder de los proveedores de servicios dentro del Comité, ya que también es el Secretario de Política de Tecnología de la Información del MCTIC, también tiene conexiones. con Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones), pasando por varias actividades hasta llegar a su cargo actual, Especialista en Regulación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.
Entonces, Maximiliano, junto con otros representantes del MCTIC, han estado abogando públicamente por cambios en la ley, especialmente en relación con la neutralidad de la red.
Las propuestas de cambios han ido surgiendo desde entonces, a medida que el CGI ganaba fuerza en el sector digital español tras el Marco Civil da Internet. Según representantes de ONG, sería una demanda de pequeños proveedores, proveedores de contenido e inversores.
En la sesión plenaria de la Cámara que tuvo lugar el jueves (10), el diputado Orlando Silva (PCdoB-SP) también expresó su oposición a la consulta pública propuesta por el gobierno de Temer. Según el diputado, "el Parlamento debe pedir la suspensión de esta consulta y dar seguimiento a esta medida. Estamos al pendiente. Participaremos activamente en este tema".
Las ONG señalan que nombrar a un representante de Anatel para presidir el CGI, criticar los cambios y realizar una consulta pública son claros intentos de forzar cambios que beneficien los intereses de las empresas y del gobierno. Como resultado, el órgano se debilita. La Coalición de Derechos en la Red solicita la cancelación inmediata de los debates.
Sin embargo, la consulta pública permanece activa y cualquier ciudadano puede expresar sus opiniones a través del portal Participa do Gobierno. La consulta pública se extenderá hasta el 8 de septiembre, luego de lo cual los comentarios serán analizados por el gobierno y las autoridades competentes.
