El pasado martes (10), el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de marco legal que regula el uso, la protección y la transferencia de datos personales en España. El texto garantiza a los ciudadanos un mayor control sobre su información personal, exige el consentimiento explícito para la recogida y uso de datos, tanto por parte de las autoridades públicas como del sector privado, y obliga a ofrecer opciones para que el usuario consulte, corrija y elimine estos datos. Por eso, el texto ya aprobado en la Cámara de Diputados, ahora, va a la sanción presidencial.
Entre las prohibiciones del PLC 53/2018 se encuentra el tratamiento de datos personales para la práctica de discriminación ilícita o abusiva. Este tratamiento es el cruce de información de una persona o grupo específico para sustentar decisiones comerciales, como por ejemplo, perfil de consumo para la difusión de ofertas de bienes o servicios, políticas públicas o la actuación de un organismo público.
Además, el texto prevé la creación de un órgano regulador, la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), vinculado al Ministerio de Justicia. La propuesta también determina penas para las infracciones, desde amonestación hasta multa diaria de R$ 50 millones, además de la prohibición parcial o total del ejercicio de actividades relacionadas con el procesamiento de datos. La ley se aplicará incluso a las sociedades domiciliadas en el extranjero, siempre que la operación de tratamiento de datos se realice en el territorio nacional.
Fuga
El Congreso se movilizó principalmente tras la filtración de datos de usuarios de Facebook, recopilados por la empresa Cambrigde Analytica y utilizados en las últimas elecciones en Estados Unidos.
También está siendo investigado por el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios, otro caso que tiene relación con una supuesta denuncia de comercialización de datos personales por parte de una empresa pública federal de procesamiento de datos. La Comisión de Transparencia, Gobernación, Inspección y Control y Defensa del Consumidor (CTFC) del Senado convocó a audiencia pública para tratar el tema.
Urgencia
¿Qué es el Marco Civil de Internet? El asunto fue votado con carácter de urgencia en el Pleno, tras ser aprobado en mayo en la Cámara y esta semana en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado.
El relator de la CAE, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), hizo solo ajustes de redacción. Para él, España pierde oportunidades de inversión financiera internacional por el "aislamiento legal" por no contar con una ley general de protección de datos personales.
Según Ferraço, el marco legal será el punto de partida para la implementación de una estrategia social que coloque al individuo en control efectivo de sus datos personales frente a terceros.
Incluso en Sudamérica y Mercosur, todos los países ya tenían una ley que protege la intimidad y privacidad de las personas, estableciendo reglas, límites, lineamientos, responsabilidades y sanciones objetivas y solidarias. Lo que pasa y debe pasar en el día a día de la relación individual, que es el respeto al otro, entendiendo el principio básico de que mi derecho termina donde empieza el derecho de mi prójimo, debe ser también una premisa de internet. Y eso es lo que estamos estableciendo en esta fecha.
El Senador Eduardo Braga (MDB-AM) leyó el dictamen de Ferraço en el Pleno, reemplazando los informes de las Comisiones de Ciencia, Tecnología, Innovación, Comunicación e Informática (CCT) y Constitución y Justicia (CCJ), que acompañaron el dictamen de la CAE
¡Salud
El diálogo construido entre las dos cámaras legislativas y con distintas entidades fue destacado por varios senadores. Lindbergh Farias (PT-RJ), Lídice da Mata (PSB-BA), Jorge Viana (PT-AC) y Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) elogiaron la actuación de Ferraço y destacaron la relevancia del proyecto, que es eficaz y moderno, como como el que entró en vigor en la Unión Europea el 25 de mayo.
Vanessa señaló que todos aquí recuerdan que, en varios procesos judiciales, cuando la Audiencia Española pide datos a Twitter, pide datos a Google, estos datos no son cedidos con la justificación de que no están bajo nuestra jurisdicción. El proyecto de ley resuelve este problema, es un proyecto de ley muy importante.
Fuente: Noticias del Senado
